Pensiones: se calienta el debate de la reforma

El Gobierno se la quiere jugar a fondo con la reforma pensional. Pero por cuenta de volver a tramitar la Ley de Financiamiento, su discusión en el Congreso se aplazó. Sin embargo, es un debate prioritario en el país. ¿De dónde saldrán los recursos?

La semana que acaba de pasar fue una de las más movidas en la discusión de la reforma pensional, pero sin siquiera haber sido presentada la iniciativa ante el Congreso.

Este es uno de los temas más sensibles en la agenda social y económica del país y lo que pasó en los días anteriores es apenas el aperitivo de lo que será una de las discusiones legislativas más importantes de los últimos años, por el impacto que tienen las pensiones en el presupuesto general de la nación y la limitada cobertura.

El próximo año el país tendrá que destinar alrededor de $43,29 billones para pagar las pensiones estatales, 12% más que los $38 billones gastados este año. Esto representa 20% del presupuesto total de 2020 –el mayor gasto que hace el Estado por encima de cualquier sector–, pero beneficia a muy pocos: en la actualidad, de cada 10 colombianos en edad de retiro, solo 2 reciben una pensión, 2 tienen un pequeño auxilio y 6 están desprotegidos por el sistema.

Los anuncios, publicaciones y noticias desmentidas en torno a la pensional compitieron cabeza a cabeza con la decisión más importante de los últimos días: la caída de la Ley de Financiamiento por parte de la Corte Constitucional, pero también dejó en evidencia las dificultades que tendrá el Gobierno para tramitar estos dos proyectos en el Congreso, dado su poco margen de maniobra político y la poca o nula representatividad que tienen algunos partidos dentro del Gobierno y que no son de oposición, como la U, el Liberal y Cambio Radical, y que podrían ser fundamentales en el trámite de estas iniciativas en el Legislativo.

Como advirtió un exfuncionario del sector de Hacienda, “sacar adelante una pensional es diez veces más difícil que una tributaria”.

Ahora, con la presión de presentar de nuevo un proyecto de Ley de Financiamiento para que sea aprobado antes de finalizar el año, la agenda legislativa del Gobierno tendrá cambios. La reforma pensional, que ha llamado el Gobierno de protección a la vejez, será aplazada.

Pero además, el panorama ha cambiado no solo porque se suma el proyecto de Ley de Financiamiento que va a presentar el Gobierno en las próximas semanas, sino que también empieza a tomar pista la discusión sobre otra reforma social, con alto impacto económico: una laboral, en momentos en que el desempleo lleva más de 7 meses en doble dígito, con iniciativas como un menor salario para los jóvenes que están llegando al aparato laboral o definir salarios mínimos por regiones.

Un tema sensible

El tema pensional caldeó el ambiente en la víspera de las elecciones regionales, aún más con un informe del diario Portafolio de hace unos días, según el cual el Gobierno analizaba la posibilidad de acabar Colpensiones y aumentar los aportes que hacen los trabajadores y empresas para el ahorro pensional. El Gobierno desmintió la información y fue el propio jefe de Estado el encargado de calificar esta versión de ‘especulación y chisme’.

“Quiero ser claro, nosotros en Colombia lo primero que queremos es aumentar la formalización laboral. Esa es la principal herramienta de las reformas sociales. Y lo segundo, queremos avanzar hacia una protección de la vejez con equidad, y eso implica que los subsidios sean asignados de manera más transparente y, sobre todo, pensando en las personas más necesitadas”, dijo el presidente Iván Duque el pasado jueves 17 de octubre en la instalación del Congreso de la Aladi.

El Mandatario complementó y aseguró que “cualquier reforma que nosotros emprendamos para la protección de la vejez tendrá como principios, en primer lugar, no aumentar la edad de pensión; segundo, no aumentar la cotización, nuestro principio está es en la equidad y en la protección de los vulnerables que hoy no tienen cobertura, y para eso tenemos que buscar la mejor focalización del sistema de subsidios”, dijo.

No será una tarea fácil, pues con todos los avances de los últimos avances de los últimos años, el país tiene 22 millones de personas ocupadas, de las cuales solamente 8 millones están contribuyendo a la seguridad social.

Complementando la reacción del presidente Duque estuvo el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, al afirmar que el Gobierno no estaba pensando en acabar con Colpensiones sino que quería modificar el régimen de prima media para que no siguiera otorgando los subsidios a las pensiones altas, aunque no tendría efectos retroactivos. “Hoy en una pensión de 20 millones el gobierno estaría subsidiando 12 millones. Por eso se tienen que disminuir los subsidios”, afirmó el Viceministro en medios de comunicación.

En contraste, más del 60% de los colombianos no se pensionan. Por esto, afirmó que otro de los pilares del proyecto – además de acabar con la inequidad en el régimen público- es aumentar la cobertura de nuestro sistema pensional. En las pensiones bajas de 3 o 4 salarios mínimos no se verían afectados con la reforma.

Y este domingo, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, en una entrevista en El Tiempo, dijo que como en este momento el Gobierno tiene una urgencia –la ley de financiamiento- “aplazamos la discusión del tema de la vejez”.

Sin embargo, dio algunas pistas de lo que está pensando el Gobierno en esta iniciativa: “sin quitarle los derechos adquiridos a nadie, debemos eliminar subsidios que se le están dando a gente que tiene demasiados beneficios ya (…) Para el futuro quienes ya no tengan ese derecho adquirido no deben recibir ese subsidio (…) Habrá una relación muy estrecha entre lo que la gente ahorra y lo que recibe en su tercera edad”, dijo el Ministro en la entrevista.

Desde marzo, el Gobierno viene escuchando las propuestas y preocupaciones de los interesados en la próxima reforma pensional. Cada viernes la Comisión de Reforma de Protección a la Vejez, liderada por los Ministerios de Hacienda y Trabajo, ha realizado audiencias con sindicatos, pensionados, gremios, centros de investigación, universidades, organismos multilaterales y partidos políticos, entre otros.

senador Ernesto Macías en el ultimo dia como presidente del senado
Instalacion Senado de la republica
periodo julio 2019 a junio 2020
Bogota 20 de julio 2019
foto Guillermo Torres / Semana

Al examinar las presentaciones realizadas por más de 35 grupos de interés aparecen los primeros acuerdos, así como los principales puntos de discusión.

La necesidad de la reforma en sí misma se configura como el primer consenso. Todos advierten los enormes y graves problemas del sistema pensional en materia de cobertura, inequidad y alto costo para el Estado.

En la Comisión de Reforma de Protección a la Vejez ya han expuesto sus puntos de vista desde los gremios empresariales como Asofondos, Fasecolda, Fedesarrollo, Anif, BVC, el CPC y la consultora Mercer, hasta los principales representantes sindicales como CUT, CTC, CGT, Confederaciones de pensionados y la Escuela Nacional Sindical. También la academia, a través de universidades como la de Antioquia, Nacional, Externado, Libre, Cede, Javeriana y Rosario, y las entidades multilaterales tipo BID, Banco Mundial, Cepal, OIT y Ocde. Los partidos de la U, Liberal, Cambio Radical, Alianza Verde, Colombia Justa Libres, Aico, Decentes, Polo Democrático e, incluso, el de las Farc, también han expresado sus opiniones. Las audiencias se han llevado a cabo desde el pasado mes de marzo.

La discusión

La reforma pensional será uno de los grandes temas para discutir en 2020. En la actualidad, solo 2 de cada 10 trabajadores logran una pensión en Colombia y por eso el propósito del Gobierno es ampliar esa cobertura a toda la población en edad de pensionarse. ¿Cómo lo hará? Los planteamientos iniciales del Ministerio de Hacienda dejan entrever que algunos trabajadores que están iniciando su vida laboral no quedarán muy contentos. ¿Por qué? Es un tema de simple expectativa. Como el ahorro de los trabajadores generalmente es insuficiente para obtener una pensión, se debe acudir a recursos públicos para completar las mesadas. Por esa vía se cuelan muchas personas que no necesitan de tal subsidio. Una de las ideas del Ejecutivo incluye tomar ese recurso fiscal, complementarlo con más aportes públicos y así ampliar la cobertura. El problema es que es más fácil decirlo que llevarlo a la práctica.

Una de las consecuencias de esa propuesta será que esos trabajadores que están en una fase inicial de cotización no reciban ese subsidio o complemento público luego de aprobada la Ley. Los que ya tienen un derecho adquirido, es decir, las personas a las que no les falta mucho para pensionarse, podrían salvarse. ¿Cuántas son esas personas? o ¿cuánto deben llevar cotizando o qué edad deben tener cuando se apruebe la nueva ley? Esas son preguntas clave del momento.

Tampoco está muy claro cuánto costará esa ampliación de la cobertura y de dónde saldrán esos recursos públicos nuevos. El propio Ministerio ha desestimado un incremento en los aportes actuales de los trabajadores, por lo que la mirada se centrará en los fondos públicos disponibles y el erario.

Lo que sí está claro es que la discusión será muy difícil y caldeada en el Legislativo. El propio dirigente político Germán Vargas Lleras ya anunció que la reforma tributaria que se tramitará en los próximos días será el escenario perfecto para realizar ajustes a la estructura tributaria. El Congreso no será un lecho de rosas para el gobierno, eso está claro. En el tema pensional se espera algo similar, teniendo en cuenta que toca a millones de personas.

Todo indica que hay consenso sobre la necesidad de fortalecer los programas solidarios como Colombia Mayor y los Beneficios Económicos Periódicos (BEP) y que el sistema público no puede seguir otorgando subsidios a las personas de más altos ingresos.

No obstante, no hay aún claridad sobre cómo hacerlo y dónde trazar la raya entre el sector público y privado. Esto es, en la nueva arquitectura del sistema y el papel específico de Colpensiones en este nuevo modelo. Es decir, la gran incógnita es qué va a pasar con el régimen de prima media, donde se generan, a juicio de muchos, las inequidades.

La mayoría coincide en la necesidad de un sistema donde las pensiones tengan alguna relación con el esfuerzo de ahorro que el interesado hace durante su vida laboral. En esa mayoría no están las entidades sindicales, que insisten en que la pensión debe ser una responsabilidad del Estado. Sin embargo, viene tomando fuerza la necesidad de un nuevo arreglo institucional.

Esto es, una entidad que regule y reglamente todo el tema pensional, y no suceda como hoy, donde la responsabilidad de este tema se encuentra diseminada en muchas entidades.

También se habla de una sola entidad que administre el régimen público. De otra parte, ha perdido fuerza la propuesta de pilares de Fedesarrollo. De hecho, esta entidad presentará en el mes de noviembre una revisión de su propuesta.

Algunos hablan de cambiar los parámetros de Colpensiones y del sistema. Incluso desde el punto de vista técnico algunos gremios insisten en aumentar la edad de pensión –según Anif debería pasar de 57 a 62 para las mujeres y de 62 a 67 para los hombres–, aunque el Gobierno ya afirmó que no lo hará.

El Ejecutivo también tiene una posición inamovible en la obligación de respetar los derechos adquiridos de los hoy pensionados o quienes están muy próximos a hacerlo. No obstante, algunos insistirán en gravar las pensiones altas.

Respecto a los fondos privados, el proyecto podría venir con ajustes en fuentes de comisión para las AFP y en las rentas vitalicias. En fin, se requiere un sistema donde el régimen público y el privado no compitan, sino que se complementen para acabar con el absurdo arbitraje. Pero hay muchos intereses encontrados.

Sin duda, una buena reforma pensional no es popular y requerirá todo el liderazgo del Presidente. Lo que sí está claro es que la discusión será muy difícil y caldeada en el Legislativo. El propio dirigente político Germán Vargas Lleras ya anunció que la reforma tributaria que se tramitará en los próximos días será el escenario perfecto para realizar ajustes a la estructura tributaria. El Congreso va a ser un campo de batalla político para el gobierno, eso está claro. En el tema pensional se espera algo similar, teniendo en cuenta que toca a millones de personas.

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